Traducción jurada para el exequátur de una sentencia extranjera

Qué es el exequátur

Una sentencia dictada fuera de España no produce efectos aquí por sí sola. Si te divorciaste en Londres o en Miami y necesitas que ese divorcio cuente en España —para volver a casarte, liquidar el régimen económico o inscribirlo en el Registro Civil—, antes tiene que reconocerla un juez español. Ese procedimiento de reconocimiento (y, cuando hay que ejecutar la sentencia, de autorización de la ejecución) se llama exequátur, y lo regula la Ley 29/2015, de cooperación jurídica internacional en materia civil.

No es un sello que se estampa en ventanilla: es un proceso judicial completo ante los Juzgados de Primera Instancia —o los de lo Mercantil, si la materia es suya—, por regla general los del domicilio de la persona frente a la que se pide el reconocimiento. Y la propia ley exige que las partes vayan representadas por procurador y asistidas de abogado (artículo 54.1). Lo decimos sin rodeos porque nos lo preguntan cada semana: nosotros no somos abogados y no tramitamos exequáturs. No damos asesoramiento jurídico. Nuestro papel es otro, más pequeño y muy concreto: la traducción jurada de todo el expediente extranjero.

Cuándo hace falta y cuándo no

El matiz importante es geográfico. Dentro de la Unión Europea, la mayoría de las resoluciones circulan sin exequátur: los reglamentos europeos —Bruselas I bis para lo civil y mercantil, Bruselas II ter para divorcios y responsabilidad parental— permiten reconocerlas con un certificado del tribunal de origen. Un divorcio francés o una sentencia alemana rara vez pasan por este trámite.

El exequátur queda, por tanto, para las resoluciones de terceros Estados. Estados Unidos y Canadá lo han sido siempre. Reino Unido lo es desde el Brexit: los procedimientos iniciados a partir del 1 de enero de 2021 ya no viajan con pasaporte europeo y se someten a la Ley 29/2015. Si tu caso es exactamente ese, en el blog contamos qué pasa con el Decree Absolute británico en España. Una honestidad más: para algún supuesto concreto, como inscribir un divorcio en el Registro Civil, puede existir una vía registral que evite el juzgado. Si te aplica o no, te lo dirá tu abogado; nosotros no lo valoramos.

Qué documentos pide el juzgado (y qué se traduce)

El artículo 54.4 de la Ley 29/2015 detalla lo que debe acompañar a la demanda:

• El original o copia auténtica de la resolución extranjera, debidamente legalizada o apostillada.
• Si la sentencia se dictó en rebeldía, el documento que acredite que al demandado se le entregó o notificó la cédula de emplazamiento.
• Cualquier otro documento que acredite la firmeza de la resolución y, en su caso, su fuerza ejecutiva. En un divorcio inglés esa función la cumple el Decree Absolute o la Final Order; en Estados Unidos suele ser una certificación del propio tribunal.
• Las traducciones pertinentes con arreglo al artículo 144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Ese artículo 144 esconde un detalle que merece conocerse: en teoría admite una traducción privada, pero si la otra parte la impugna, el juzgado ordena una traducción oficial a costa de quien presentó la primera. Con el pleito ya en marcha, pocos ahorros salen tan caros. Por eso los despachos presentan traducción jurada desde el primer día, y por eso se traduce el conjunto completo: la sentencia entera —no un resumen—, la apostilla, el certificado de firmeza y las notificaciones si las hay.

Cómo lo hacemos en Textualia

Subes la sentencia y el resto del expediente en PDF y ves el precio al instante, sin registrarte. Un traductor jurado habilitado por el MAEC firma y sella una traducción fiel al original, con sellos, apostilla y certificaciones incluidos. Entregamos un PDF firmado electrónicamente, cómodo para que tu procurador lo presente por vía telemática; si el juzgado prefiere papel, emitimos la copia en papel timbrado del Estado y la enviamos por correo. Estamos acostumbrados a trabajar codo con codo con el despacho que lleva el procedimiento: si tu abogado quiere revisar terminología o necesita la traducción por piezas, se habla y se hace.

Una sentencia judicial no es un certificado de nacimiento. Hay resoluciones de tres páginas y las hay de cuarenta, llenas de razonamientos, cifras y citas legales. El presupuesto se calcula sobre el documento real, sin sorpresas después. Y todo lo que subes se trata con confidencialidad estricta: cifrado y sin compartir con nadie.

Si el exequátur es tu paso previo para casarte aquí, quizá te interese también nuestra página sobre la traducción jurada para el matrimonio en España.